La Audiencia Nacional imputa por el fraude de 'La rueda' a 14 cadenas televisivas por organización criminal

04/02/2020 - Agencias/NoticiasClave.net

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir contra 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas públicas y privadas, por el procedimiento relativo a la emisión de música en la madrugada y denominado La rueda. 

El caso investiga el supuesto fraude por el que algunos socios de la SGAE y empleados de estas cadenas obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de música retransmitida en programas nocturnos, sin apenas audiencia, registrando obras originales libres de derechos de autor supuestamente modificadas, así como otras de escasa o nula calidad puestas a nombre de terceros, que en algunos casos ni siquiera eran músicos, para emitirlas en programas nocturnos de televisión y cobrar derechos por ello. 

El magistrado atribuye a las televisiones un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal.

En un auto, el magistrado concede a las cadenas un plazo de cinco días para que se personen en la causa designando un abogado o procurador. Las empresas investigadas son Atresmedia, Mediaset, Radio Televisión Española, Canal Sur, Tv Extremadura, Televisón del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, ETB, Telemadrid, Televisión pública Canarias, MusicCYL, Televisión Castilla-La Mancha.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional inició este procedimiento tras recibir denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE.

REGISTROS DE OBRAS

Los registros de las obras, explica el juez instructor, se realizaban bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Esa operativa, añade el juez, la iniciaban los investigados mediante el contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras. Los denunciados registraban después la obra emitida en televisión como arreglo suyo "ya sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor devengados cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación".

Las cantidades aproximadas que estaría ingresando el grupo de investigados rondarían los 20 millones de euros anuales. El juez apunta que los investigados podrían estar actuando en connivencia con trabajadores con trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que "abonarían a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras". Del mismo modo y para evitar ser detectados y aparecer siempre los mismos beneficiados cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos o creando sociedades o productoras.

La responsabilidad penal que pueda imputarse a estos trabajadores encargados de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento, debe trascender "a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión", ya "que no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones".