El Gobierno ya tiene un borrador con las tarifas para aparatos y soportes que permiten la copia privada

09/01/2017 - Agencias/NoticiasClave.net

Las tabletas no existían hace unos años.

El borrador del Real Decreto que regulará el nuevo modelo de compensación por copia privada incluye una disposición transitoria en la que se establece una lista de cantidades que deberán abonar los fabricantes de distintos aparatos. Entre ellos, 1,1 euros para los móviles o 12 euros para los discos duros, entre otros.

El modelo de canon digital que impuso el PP, que era una compensación general a los autores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, fue anulado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los precios fijados en el borrador de Real Decreto, que está en manos de Agenda Digital y pasará también por el ministerio de Economía, podrían sufrir modificaciones e incluso no aparecer en el texto final y aprobarse en el semestre siguiente, tal y como han explicado fuentes del sector, que también han incidido en que el modelo se basa en la última orden ministerial que puso precio a la compensación por copia privada en 2008.

Ahora hay nuevos soportes y formas de copia privada, tales como el almacenamiento en la nube, las tabletas o los smartphones. El borrador únicamente cita teléfonos móviles "con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos",y también, en un apartado para dispositivos portátiles "reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales", que tendrían que compensar a los autores, editores y productore 3,15 euros por unidad.

La lista de precios también incluyen los CD con un coste de compensación por copia privada de 0,17 euros por unidad y los DVD por 0,44 euros la unidad. Las memorias USB estarían gravadas con 0,30 euros la unidad y equipos (de menos de 17 kilos) con capacidad para copia, impresión, fax o escáner, con 7,95 euros la unidad.

El borrador tendrá que ser negociado entre las empresas tecnológicas y las entidades de gestión de la propiedad intelectual y, de no ponerse de acuerdo, tendría que intervenir la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.